El próximo 29 de noviembre, las asociaciones ANPI España “Guido Picelli”, Associació AltraItalia-Barcelona, Mediterranea y Open Arms, y el patronato INCA-CGIL Spagna, organizan un encuentro titulado: «Debate sobre políticas y leyes represivas en Italia y España».
En el debate participarán Maria Luisa D’Addabbo, abogada penalista y experta en defensa de movimientos sociales, ex miembro del Genoa Legal Forum y de la Asociación Europea de Abogadas y Abogados Demócratas (AED) y actualmente concejala del municipio barcelonés de Horta-Guinardó; Andrés García Berrio, abogado penalista, actualmente diputado independiente de Comuns en el Parlament de Catalunya, Portavoz de la Comisión de Justicia e Interior; Silvia Calderoni, abogada de la asociación “Progetto Diritti” y miembro del equipo jurídico de Open Arms Italia.
El encuentro se propone reflexionar acerca de las políticas sobre seguridad de los gobiernos de los dos países, a partir del análisis de las leyes de modificación de los códigos penales, que no contribuyen a hacer nuestras sociedades más seguras ni a mejorar la vida de las personas, sino que, por el contrario, atentan contra sus derechos fundamentales y constitucionales.
Las derechas, de hecho, siguen considerando la seguridad sólo en términos represivos y punitivos de las luchas sociales, endureciendo las sanciones, introduciendo nuevos crímenes para golpear las formas más pacíficas de protesta y reduciendo los espacios de la democracia.
Lo vemos hoy en Italia con el llamado Disegno di Legge Sicurezza, ya aprobado en la Cámara de Diputados, y se vio en España con la introducción de la llamada Ley Mordaza en 2015, lamentablemente aún vigente.
El Proyecto de Ley 1660, Disegno Di Legge “Sicurezza” (Proyecto de Ley de Seguridad), tramitado por el Gobierno de Meloni y aprobado el 18 de septiembre en la Cámara de Diputados, supone un salto cualitativo en la actitud represiva que durante años ha marcado la respuesta de las instituciones a la protesta, la disidencia y el malestar social.
Son muchas las evidencias de esta voluntad represiva: desde la norma que permite el encarcelamiento de mujeres embarazadas y con bebés recién nacidos, hasta la obligación de que los ciudadanos extranjeros tengan que enseñar su permiso de residencia para poder activar un teléfono móvil. A estas normas se suman otras que -introduciendo nuevos delitos, nuevas circunstancias agravantes y aumentos de condena- se proponen reprimir duramente las protestas y reducir el espacio para la disidencia, atacando al mismo tiempo las manifestaciones contra las guerras, las protestas sindicales y contra las «grandes obras», la emergencia climática, la especulación energética. En definitiva, se ataca la libertad de las personas y el derecho constitucional a manifestarse de forma no violenta. El DDL también contiene normas muy duras contra cualquier forma de protesta y resistencia, incluso pasiva, en las cárceles y centros de detención de inmigrantes sin permiso de residencia, incluso contra las protestas de familiares y simpatizantes en su apoyo.
Se trata, por tanto, de un mecanismo que quiere derrumbar años de conquistas democráticas, retrocediendo en ochenta años y perfilando un modelo de sociedad y de Estado extremadamente peligroso, ajeno a los principios constitucionales, autoritario, discriminatorio y persecutorio.
Por parte española, el pasado 1 de julio se cumplieron 9 años de la entrada en vigor de las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocidas como Ley Mordaza, aprobadas en 2015 por el gobierno del Partido Popular en solitario, valiéndose de su mayoría absoluta. Estas reformas legislativas se produjeron tras el ciclo de importantes movilizaciones contra los recortes de derechos económicos, sociales y culturales tras la crisis económica de 2008.
Frente a ello, la respuesta del entonces Gobierno fue una brutal reducción represiva de los derechos civiles, afectando gravemente a la libertad de expresión y de reunión pacífica, debilitando de manera contundente el derecho a la protesta.
Contra estas leyes antidemocráticas se han producido multitudinarias movilizaciones de asociaciones, sociedad civil, movimientos, sindicatos, colegios de abogados… etc. en España, para exigir su derogación; y también en Italia, para impedir la aprobación definitiva de una propuesta contraria al espíritu -y en algunos puntos también a la letra- de nuestra Constitución antifascista.
Por todo ello, como asociaciones italianas y españolas con base en Barcelona, nos sumamos con esta iniciativa a las movilizaciones contra la política represiva y sus leyes, para confirmar nuestro compromiso activo junto a quienes -en Italia y aquí- se oponen a las medidas liberticidas y antidemocráticas, y por el respeto de los derechos de las personas y los valores democráticos de nuestras sociedades.
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione Spagna 